Colaboración en América Latina: llamada a la acción y respuesta de la región en la lucha contra los delitos fiscales y financieros

 

por Nilimesh Baruah, asesor senior de fiscalidad y delitos en la OCDE, y Natalie Burg, consultora de los programas IFSF-CI
9 de febrero de 2022

 

Los países latinoamericanos son conscientes de que la evasión fiscal representa un problema grave para la región. Desde 2018, quince países han suscrito la Declaración de Punta del Este, en la que se comprometen a consolidar la política fiscal y la administración tributaria, a reducir los flujos financieros ilícitos (FFI) y a adoptar la perspectiva del gobierno en su conjunto reflejada en la labor de la OCDE en materia de fiscalidad y delitos. La Declaración se basa en el Diálogo de Oslo de 2011, en el que 46 administraciones tributarias consideraron que el enfoque del gobierno en su conjunto, que se define como el fomento de la capacidad de los diferentes organismos gubernamentales para trabajar juntos en la detección, disuasión y enjuiciamiento de los delitos fiscales, es necesario para luchar contra las complejas redes delictivas que operan en la sociedad actual. Como ocurre con muchas iniciativas políticas de alto nivel, el verdadero desafío de este tipo de enfoques radica en su aplicación.

 

Varias iniciativas recientes demuestran la voluntad de los países latinoamericanos de pasar de las meras palabras a los hechos. El compromiso con el crecimiento y el cambio sistémico es evidente, como ponen de manifiesto la iniciativa conjunta de la OCDE y el PNUD, los programas para la investigación de delitos fiscales de Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF-CI) o las iniciativas del Grupo de Trabajo sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos (TFTC) de la OCDE.

 

Las administraciones tributarias de Costa Rica, Honduras y México dan buena prueba de esta voluntad, pues han establecido sólidas asociaciones en el marco de los programas IFSF-CI. Estos programas IFSF-CI ofrecen asistencia técnica bilateral a los países en desarrollo en el ámbito de los delitos fiscales. Las administraciones asociadas colaboran utilizando un sistema de aprendizaje basado en la práctica que les permite beneficiarse de la experiencia de las demás administraciones en casos complejos de delitos fiscales, ofrecer habilidades críticas a los investigadores fiscales y acometer reformas para abordar las deficiencias en sus capacidades.

 

El programa IFSF-CI en Honduras, que cuenta con el apoyo de México, ilustra este enfoque. En la primera fase del programa, los funcionarios hondureños llevaron a cabo un intenso proceso de análisis de deficiencias aplicando el Modelo de madurez de la investigación de delitos fiscales de la OCDE y la orientación de los expertos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de México. Tras el análisis sistémico, en otoño de 2021 se elaboró un plan de trabajo para abordar los problemas de investigación de delitos fiscales más acuciantes en Honduras. En esta segunda fase del programa, los expertos mexicanos revisaron los procedimientos de investigación de Honduras y se basaron, para ofrecer asesoramiento, en las recientes reformas de las políticas de México. Los expertos mexicanos están ahora orientando la investigación de casos mediante una asistencia práctica directa

La colaboración entre los dos países ha arrojado luz sobre una cuestión clave en Honduras: la necesidad de intercambiar información entre los organismos que se dedican a los delitos fiscales. Como se reconoce en la segunda edición de la publicación de la OCDE Lucha contra los delitos fiscales – Los diez principios globales, «la capacidad de recibir información de otras agencias puede reducir la duplicación de trabajo entre los diferentes organismos, acelerar y reducir el costo de las investigaciones, dar lugar a procesos más rápidos y exitosos y aumentar la probabilidad de recuperación del producto del delito». Además de orientar sobre cómo obtener la información de la que disponen las autoridades fiscales según la legislación hondureña vigente, los expertos del programa IFSF-CI están ayudando a identificar mecanismos que mejoren el acceso a la información a efectos de inteligencia e investigación, respetando estrictamente las normas de confidencialidad promovidas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE. Además, este programa de IFSF-CI reúne a miembros de la administración tributaria hondureña y de la Procuraduría General de la Repúblicaa fin de adoptar, en la investigación de delitos fiscales, un enfoque del gobierno en su conjunto.

TIWB-CI workshop for Honduras, April 2021

Misión virtual entre funcionarios encargados de delitos fiscales de
Honduras y México

El programa IFSF-CI en Costa Rica también hace hincapié en un enfoque del gobierno en su conjunto. En enero de 2022, en una sesión de estrategia organizada por la Secretaría de IFSF se reunieron nueve organismos de Costa Rica para debatir cómo colaborar en materia de delitos fiscales y alinear las respectivas estrategias en el país. Como señaló Karla Salas Corrales, directora de Fiscalización e Investigación del Fraude Tributario de la Administración Tributaria de Costa Rica, «la primera reunión celebrada el 14 de enero de 2022 nos permitió demostrar el compromiso interinstitucional de los organismos costarricenses siguiendo un enfoque del gobierno en su conjunto y compartir nuestros planes para el año 2022 en materia de investigación de delitos fiscales. Nos sentimos honrados de contar con expertos de La Guardia di Finanza de Italia como administración asociada y agradecemos a los funcionarios de la OCDE y del PNUD por considerarnos nuevamente en el programa IFSF-CI, que nos ayudará a desarrollar las competencias existentes y a adquirir otras nuevas en investigación de delitos fiscales». La sesión de trabajo fue considerada un gran éxito, ya que contó con la participación de aproximadamente treinta funcionarios de Costa Rica e Italia y contribuyó a la coordinación interinstitucional de los esfuerzos estratégicos.

 

El TFTC, un organismo de la OCDE, también reconoce el liderazgo de los países latinoamericanos en su Grupo Asesor para el Desarrollo de Capacidades. El Grupo Asesor está presidido por los representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicosde Argentina y tiene como objetivo aprovechar las iniciativas de desarrollo de capacidades del TFTC, que se reúne dos veces al año y administra las Academias para la Investigación de Delitos Tributarios de la OCDE, incluida la Academia Latinoamericana para la Investigación de Delitos Tributarios con sede en Buenos Aires, Argentina.

 

Entre otras muchas actividades, el Grupo Asesor tiene previsto invitar a las administraciones a abordar sus propias deficiencias de capacidades utilizando las publicaciones y los cursos del TFTC, en particular la segunda edición de Lucha contra los delitos fiscales – Los diez principios globales, recientemente publicada, y el curso de aprendizaje electrónico sobre el Modelo de madurez de la investigación de delitos fiscales. La OCDE lanzó este curso en línea en enero de 2022; en él se orienta a las jurisdicciones sobre cómo identificar y abordar su capacidad para investigar y enjuiciar los delitos fiscales. Cualquier jurisdicción interesada en completar la formación y el análisis puede inscribirse en el curso en línea.

 

No obstante, la lucha contra los FFI está lejos de haber terminado. La multitud de iniciativas emprendidas en América Latina también ha puesto de manifiesto la necesidad de proseguir las reformas políticas y mejorar las prácticas actuales. Como ya se ha indicado, una cuestión apremiante es la necesidad de intercambiar información, tanto a nivel nacional entre los organismos que trabajan en el ámbito de los delitos fiscales, como a nivel internacional con los socios regionales.

 

Los ciudadanos esperan que los sistemas fiscales sean justos y que sancionen a aquellos que intentan socavar la equidad del sistema. Además, los delitos fiscales detraen los recursos necesarios para el desarrollo sostenible y la movilización de recursos internos. Seguir luchando por esta equidad debe ser una prioridad destacada tanto para América Latina como para la comunidad internacional.

 

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