La confidencialidad de los datos obtenidos en el ejercicio de las funciones del personal de las administraciones tributarias es un tema que reviste gran importancia en el seno de dichos organismos. Las deficiencias en la gestión y el control adecuados de la responsabilidad de proteger la confidencialidad de esos datos pueden poner en entredicho la integridad de la Administración Anfitriona, a cuyas competencias y conocimientos para la auditoría contribuye a desarrollar y perfeccionar el Experto designado. Adicionalmente, la vulneración de la confidencialidad puede dar lugar a la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de los contribuyentes ante el (presunto) incumplimiento de dicha obligación.

En consecuencia, es fundamental que todas las partes intervinientes en un programa IFSF contemplen y aborden la confidencialidad de la información en los Términos de Referencia por los que se rija dicho Programa. En primer lugar, es preciso acordar la(s) fuente(s) y el alcance de las obligaciones inherentes a la confidencialidad de los datos que han de cumplir los funcionarios de la Administración Anfitriona. Compete a la Administración Anfitriona poner en conocimiento del Experto la existencia de obligaciones en materia de confidencialidad. Asimismo, es responsabilidad de la Administración Anfitriona proporcionar orientación y recomendaciones sobre el correcto tratamiento y uso de la información tributaria (como, por ejemplo, la denominada política de «escritorio limpio») para asegurarse de que su personal dé cumplimiento a la obligación de confidencialidad en materia tributaria.

En segundo lugar, cabe asegurarse, en la medida de lo posible, de que resultan aplicables al Experto obligaciones idénticas o equivalentes a las impuestas a los funcionarios de la Administración Anfitriona. La Administración Anfitriona deberá determinar de qué forma y en qué supuestos estará sujeto el Experto a las mismas obligaciones, o equivalentes, que las que resultan aplicables en materia de confidencialidad a los funcionarios de la Administración Anfitriona. Así, por ejemplo, dichas obligaciones resultarán aplicables directamente al Experto cuando esté dentro del marco de personas sujetas a las referidas obligaciones en virtud de la legislación pertinente. De manera alternativa, los Términos de Referencia pueden contemplar la aplicación de obligaciones equivalentes al Experto, pudiendo incluso tener que prestar el Experto juramento o promesa de guardar secreto profesional al igual que los funcionarios de la Administración Anfitriona.

A nivel práctico, los expertos han de ser plenamente conscientes no sólo de las implicaciones, naturaleza y alcance de sus obligaciones en materia de confidencialidad, sino también de las posibles consecuencias que se derivan y del mecanismo de gestión adecuado que cabe adoptar en caso de incumplimiento. Las partes deberán demostrar un perfecto conocimiento de cómo actuar ante una presunta violación de la confidencialidad de los datos de carácter tributario. Todo problema que pueda surgir e implique a un Experto que se encuentre trabajando en condición de funcionario exigirá, probablemente, la intervención de la Administración Socia, debiendo determinarse el procedimiento a seguir de antemano y definido en los Términos de Referencia del programa IFSF.

Es importante asegurarse de que las investigaciones sobre violaciones a la confidencialidad se llevan a cabo adecuadamente antes de constatar si se ha producido o no en la práctica un incumplimiento y las circunstancias que lo rodean. En el transcurso de dicho proceso de investigación, tanto la Administración Anfitriona como la Administración Socia en cuestión deberán prestar la ayuda necesaria al Experto que tenga la consideración de funcionario en ese momento. La obligación de confidencialidad de la información tributaria tiene una vigencia perpetua, por lo que se extiende y perdura aun después de concluido el programa IFSF. A este respecto, también las Administraciones Socias deben tener presente que los Expertos no pueden compartir a su regreso información tributaria alguna de carácter confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones en la Administración Anfitriona.

Los Expertos deberán tener presente igualmente que las obligaciones de confidencialidad a las que hubieran estado o estén sujetos en su condición de funcionarios de la Administración Socia o de su antigua administración de origen, seguirán resultándoles aplicables durante la ejecución del Programa IFSF.

Existe un nexo directo entre los problemas relativos a la obligación de confidencialidad y la posible responsabilidad del Experto ante el incumplimiento de dicha obligación.

Disposiciones legales y otras normas que contemplan la confidencialidad de la información tributaria

Es habitual encontrar disposiciones específicas en la legislación tributaria de todo país que preservan la confidencialidad de la información concerniente a cualquier contribuyente. Por lo general, estas disposiciones califican de y tipifican como delito el hecho de que los funcionarios de las administraciones tributarias revelen o divulguen información relativa a un contribuyente cualquiera obtenida en el ejercicio de sus funciones. Si bien es cierto que no existe una definición universal de lo que cabe considerar como «información tributaria», generalmente se incluye toda la información obtenida en el ejercicio de las funciones de una persona que trabaje en calidad de funcionario de una administración tributaria. La obligación de preservar la confidencialidad de la información resulta aplicable incluso después de que el funcionario haya dejado de trabajar para la administración tributaria.

Además de tratarse de un requisito contemplado por el Derecho Tributario, la obligación de confidencialidad puede hallarse regulada en leyes o reglamentos generales aplicables a todos los funcionarios públicos, pudiendo aparecer mencionada dicha obligación en la Constitución del país en cuestión o emanar de acuerdos internacionales, como es el caso de los convenios para evitar la doble imposición (CDI). Las obligaciones en materia de confidencialidad, al igual que otros aspectos inherentes a la conducta y las responsabilidades de todo funcionario de una administración tributaria, pueden basarse igualmente en códigos de conducta por los que han de regirse y/o a los que deben remitirse los funcionarios de administraciones tributarias o todos los funcionarios públicos. Los funcionarios de administraciones tributarias pueden manifestar su compromiso con la obligación de confidencialidad mediante juramento o promesa de secreto antes de asumir sus funciones, o bien ésta puede plasmarse formalmente en el contrato de trabajo ofrecido por la administración tributaria. Puede obligarse a cualquier Experto a prestar juramento, promesa o adoptar una fórmula declarativa equivalente para manifestar su compromiso de respetar las normas antes de tomar parte en un Programa IFSF de asistencia en auditoría.

Aparte de la administración tributaria, puede encomendarse a otros organismos públicos que supervisen cómo se aborda en la práctica la confidencialidad de la información tributaria, a lo que podría sumarse la labor de control por parte de Tribunales de Cuentas, auditorías internas e investigaciones a manos de órganos anticorrupción o de la policía fiscal, pudiendo incluso gozar de la autoridad necesaria para imponer sanciones en aquellos casos en los que se violen las obligaciones de confidencialidad de la información tributaria. La Administración Anfitriona debe asegurar que el Experto conoce todas las disposiciones legales que regulan la confidencialidad y que enuncian las sanciones por incumplimiento como parte de todo acuerdo/juramento de confidencialidad suscrito y/o prestado.